Integrantes de la mesa de trabajo conversando

10 propuestas para abordar desafíos en torno a la migración enfocadas en género

El lunes 17 de abril se celebró la primera mesa de políticas públicas organizada por Hola América (proyecto conjunto de 2811 y Ashoka) y el Arzobispado de Santiago. El tema de la primera edición fue Género y la conversación estuvo mediada por Catherine Galaz, Directora de Estudios de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU. 

Integraron la mesa Claudia Martínez, candidata al doctorado en psicología de la Universidad de Chile; Maricarmen Lira, jefa de unidad de género en el Servicio Nacional de Migraciones; Elizabeth Miranda, coordinadora de la residencia para mujeres, niños y niñas migrantes y refugiadas Santa Mónica; María Gabriela Loyo, abogada laboral y asesora jurídica en materia laboral y migratoria; Fernando Cejudo, encargado de la Oficina de Migración de la Ilustre Municipalidad de Independencia; María Soledad Loyola, docente e investigadora del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile y María Irene Urdaneta, coordinadora y consultora de Migrant Woman EntrepreneurLa realización de esta instancia estuvo liderada por Camila López y Sebastián Pino, encargada y analista de proyectos de 2811, respectivamente.

En la mesa se propusieron tres temas clave en torno a género y migración: sistema de cuidados, la intersección salud-vivienda e ingreso al sistema económico. La académica se enfocó en los desafíos que enfrenta la comunidad migrante, los protocolos de las instituciones gubernamentales y las maneras en que se encadenan las problemáticas entre sí.

Panorámica de desafíos

Galaz se refirió a la feminización de los flujos migratorios y al cambio en el tipo de migración que ha llegado a Chile en los últimos diez años. Apuntó que la falta de redes de apoyo en la población extranjera dificulta el sistema de cuidados, y que la mirada neoliberal del modelo chileno piensa las ayudas de manera individual y no colectivamente.

A su vez, esto afecta la entrada de las mujeres migrantes al mercado laboral, quienes terminan optando por trabajos precarizados que ofrecen horarios flexibles, algo clave para que las mujeres se encarguen de los cuidados de su grupo familiar. Esta situación se agravó posterior a la pandemia del Covid-19.

La investigadora también apuntó que el acceso a la salud mantiene una práctica de diferenciación xenófoba y preferencia nacional para la atención, mientras que en regiones, personas locales y extranjeras están aquejadas por la falta de medicina especializada.

El acceso a vivienda en los centros urbanos también está en crisis: existe poca fiscalización, regulación y demasiada exigencia y selectividad en las cláusulas de requisitos para las personas migrantes que buscan vivienda. Esto las empuja a acceder a viviendas en malas condiciones o en espacios hacinados.

Por último, la moderadora destacó que el ingreso de la población extranjera al sistema financiero chileno está marcado por estafadores y personas que firman documentos que no entienden, ya sea por el funcionamiento de la banca o diferencias de idioma y lenguaje.

 

Propuestas de innovación

Los participantes aportaron desde su experiencia y propusieron medidas para abordar estos desafíos:

 

  • Información: derribar mitos sobre y para las personas que migran, ayudar al Estado a llevar información relevante y combatir la desinformación en plataformas sociales.
  • Mayor participación del Estado en los procesos de regularización y monitoreo, algo que debe ser entendido desde el punto de vista de las personas migrantes.
  • Transparencia comunicativa para absorber el proceso migratorio y preparación de gobiernos locales en función de su flujo.
  • Empoderamiento de la sociedad civil con acceso a información en servicios de salud y entidades financieras.
  • Prácticas internas de entidades privadas: medidas pensadas para personas migrantes que forman parte del cuerpo trabajador.
  • Observatorio ciudadano de tratamiento comunicativo con enfoque de derechos humanos y responsabilidad social.
  • Trabajo colaborativo con gobiernos locales: identificación de organizaciones para potenciales alianzas que generen ingresos.
  • Ley de Banco como tope para una inclusión financiera más completa o cooperativas que compitan con las prácticas negativas.
  • Considerar diferencias culturales al momento de implementar políticas de inclusión.
  • Integrar el duelo como un elemento al trabajar con mujeres migrantes y preocuparse de su bienestar mental.

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